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Miles de inspectores revisan que se cumpla la ley, comprobando que las zonas de prohibición estén bien señalizadas y que nadie se salte el reglamento. Para ello, piden a los fumadores de locales de hostelería, parques infantiles o recintos hospitalarios que apaguen sus cigarrillos o se trasladen a otro lugar, aunque ya han empezado a tramitar las primeras denuncias y detenciones. Ayer un paciente fue detenido en el hospital de Cruces.

También se han producido altercados en una bolera de Montehermoso, en Cáceres, donde tres clientes y el dueño del establecimiento, que tuvo que recibir 16 puntos de sutura, fueron agredidos por un fumador que se negaba a apagar el cigarrillo.

El primer bar que se negó a respetar la ley antitabaco fue un asador de Marbella, en Málaga, y a éste le ha seguido un bar de Castellón. Uno de los dueños ha explicado que él y su socio no han tenido más remedio que declararse objetores de la ley, ya que sus ingresos descendieron entre un 75% y un 80% los días que aplicaron la ley.

Los inspectores de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana han levantado un acta contra el bar, aunque aún se desconoce la sanción que se les impondrá o a cuánto ascenderá la multa. En la puerta del establecimiento han colgado un cartel, en el que se indica “Acceso permitido a los fumadores. Los no fumadores, bajo su responsabilidad”.

Uno de los dueños del local, Fernando Tejedor, ha explicado que su bar ha estado lleno durante toda la mañana y que están dispuestos a movilizar a los hosteleros de la zona, e incluso, piensan crear un blog para recoger firmas en contra de la nueva ley.

Algunos dirigentes políticos también se han pronunciado al respecto, como el Alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, que ha comparado la ley con la persecución de los nazis a los judíos; o el Consejo madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados que ha asegurado estar personalmente en contra de la ley antitabaco porque supone una restricción de las libertades.

Además, Granado ha afirmado que el Gobierno está “creando un país en el que se restringen los derechos, en el que cada día hay más parados y ahora también quiere un país de soplones”. Con estas palabras descalificaba el apoyo del Gobierno a que los ciudadanos se denuncien unos a otros por fumar en lugares donde no está permitido.

Según ha explicado el Consejero madrileño al Gobierno “le está saliendo muy bien la jugada”, porque ahora mismo los periodistas y los propios ciudadanos están debatiendo sobre la ley antitabaco y no sobre la inflación, el paro o la subida del precio de la luz.

FUENTES: ABC, EL EL MUNDO, EL PAÍS, DIARIO DE SEVILLA.

La normativa antidescargas, incluida en el texto de la Ley de Economía Sostenible (LES), no ha salido adelante, ya que los partidos de la oposición se han negado en bloque. Así, el resto de la LES irá al Congreso el próximo 18 de enero, pero sin esta enmienda que iba en contra de las webs que facilitaran la descarga de contenidos, o los enlaces para poder hacerlo en otros portales. Sin embargo, el grupo socialista buscará en la Cámara Alta los apoyos necesarios para volver a intentar el año próximo que se apruebe la denominada “Ley Sinde”.

A pesar de esta negativa, el Gobierno va a seguir luchando contra las descargas de contenidos protegidos por la propiedad intelectual y buscará otros caminos para conseguir el apoyo del resto de formaciones políticas.

Si el PSOE quiere volver a introducir la “Ley Sinde” en la Ley de Economía Sostenible a través de una enmienda, tendrá que acelerar las negociaciones con los partidos, ya que no cuenta con la mayoría necesaria en el Senado. Ante esta situación CIU y EAJ-PNV se han convertido en los grupos clave.

Mientras EAJ-PNV no apoya la “Ley Sinde” porque sostienen que debería tratarse de forma aislada a la LES, en una comisión propia; CIU, que en un principio sí que apoyaba el proyecto a cambio de poder negociar por más concesiones económicas y financieras, se retracto poco después.

El PP accedió a negociar con el Gobierno antes de la votación, pero exigían como contraprestación “la supresión en un mes del canon digital”, según fuentes gubernamentales. Los populares estaban de acuerdo con la norma y el PSOE estaba dispuesto a introducir una enmienda para la garantía judicial adicional a la hora de pedir datos sobre las webs infractoras, pero ante la exigencia del canon dieron por finalizadas las negociaciones ambas partes.

El PSOE asegura que los grupos políticos están de acuerdo en gran medida con la norma, pero la rechazan para no aliarse con esta ley que ha provocado tanto revuelo en internet.

En la red numerosas páginas de descargas, como SeriesYonkis o CineTube han celebrado que no se haya aprobado la ley antidescargas y han colgado mensajes de para sus seguidores, agradeciéndoles la lucha que han llevado a cabo a través de internet para que esta ley no saliera adelante.

Tras la votación, el portavoz del PP, Esteban González Pons afirmó que la ministra “no sirve para nada”, secundando así la petición de la dimisión de la Ministra de Cultura que se ha hecho desde su partido.

La Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, va a seguir impulsando la ley antidescargas, probablemente al margen de la Ley de Economía Sostenible, y ha anunciado que no piensa dimitir, sino que seguirá trabajando para establecer “un modelo que satisfaga a todos”. Por último, afirmó que esta ley es imprescindible porque de no ser aprobada “poco a poco perderemos patrimonio cultural, se dejarán de hacer inversiones y sólo tendremos una cultura de `amateur´”.

El estado de alarma

El gobierno aprobó ayer a medio día, en un consejo extraordinario de Ministros, por primera vez en la historia de la democracia, el estado de alarma, con el fin de reabrir el espacio aéreo y acabar con el caos que reinaba en los aeropuertos.

El decreto, refrendado por el Rey que se encontraba en la Cumbre Iberoamericana en Argentina, se publicó en el Boletín Oficial del Estado ayer a las 13.00. Entonces se avisó por burofax y correo electrónico a los controladores aéreos que quedaban bajo las órdenes de la autoridad militar y de su código penal.

Dos horas más tarde, después de más de veinte horas con el tráfico aéreo paralizado, se reabrieron las operaciones aéreas.

Los controladores se vieron obligados a regresar a sus puestos, ante la posibilidad de perder su trabajo si no lo hacían tal. Además, AENA abrirá expedientes a todos los controladores que no hayan ido a trabajar sin justificación, independientemente de las actuaciones que ha iniciado la Fiscalía y las denuncias presentadas por los viajeros afectados.

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparecerá el próximo jueves ante el Pleno del Congreso para explicar el estado de alarma, que se mantendrá los 15 días que permite la Constitución como máximo. Si fuera necesario prorrogar este estado lo harán, ya que confían en obtener el apoyo de los principales partidos de la oposición, debido a la excepcionalidad de la situación.

La posición del gobierno

El Vicepresidente Primero y Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó ayer en un programa de Onda Cero que no se ha obligado a trabajar a los controladores aéreos a punta de pistola, tal y como afirmaron algunos miembros del sindicato de controladores USCA y que los que aseguraron eso en televisión mienten.

También explicó que el Gobierno decidió pasar el mando del control aéreo a Defensa. Por ello, 190 efectivos del Ejército del Aire tutelaron las torres y centros de control aéreo de España, para controlar quienes trabajaban y quienes no y levantar a estos últimos de sus puestos para sustituirles. Rubalcaba recordó los militares están preparados para ocupar el lugar de los controladores civiles, porque es el mismo trabajo.

Antes, en una entrevista en la Cadena Ser, Rubalcaba, había expresado ya su rechazo a la idea de que haya sido un error aprobar el decreto sobre los controladores aéreos antes del puente de la Constitución, que es más largo del año, ya que sin el decreto habría habido problemas durante el puente que se habrían agudizado en Navidad.

Los afectados

Los principales afectados son las aerolíneas y el sector de la hostelería. Las aerolíneas dejarán de ingresar entre 60 y 80 millones de euros diarios por el cierre del espacio aéreo, según fuentes del sector, aunque aún es demasiado pronto para calcular las pérdidas.

Las aerolíneas tendrán demasiados gastos en esta semana, ya que no sólo les afecta el cierre del espacio aéreo, sino también los gastos adicionales para atender a los 600.000 viajeros (alojamiento, menús y transporte), las devoluciones de los billetes de los pasajeros que ya no quieran volar y los costes de los vuelos que no podrán retomarse.

Ante esto, el Presidente de los empresarios madrileños CEIM, Arturo Fernández, ha afirmado que las pérdidas son incalculables para los sectores de la hostelería y el transporte.

En marzo de 2011 el Gobierno va a aprobar una Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, que garantice los derechos de los pacientes en situación terminal.

Alfredo Pérez Rubalcaba, Vicepresidente Primero y Ministro del Interior, explicó este viernes, a la salida de una reunión del Consejo de Ministros, que no se trata de una ley de eutanasia y que “todo el mundo puede entender esta ley” pues “casi todo el mundo ha tenido alguna situación de la naturaleza que va a regular”.

La Ley tratará de regular que las personas puedan morir dignamente, es decir, sin sufrimiento ni dolor ni para ellos, ni para sus familiares. Además, el Gobierno pretende seguir el modelo francés que, según afirma el Vicepresidente Primero, está muy bien regulado.

Sobre esto ha hablado el Presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, César Caballero, que sostiene que el modelo francés está más atrasado que el español y que proponer esta ley es sólo una medida electoralista puesto que “no supone ningún avance para los ciudadanos españoles mientras no se despenalice, ya no la eutanasia, pero sí el suicidio asistido”. También ha asegurado que el primer Plan Nacional de Cuidados Paliativos en España ha sido un fracaso porque son “propuestas vacías”, mostrando como ejemplo a Andalucía donde “sólo conocía el proyecto de ciudadanos paliativos el diez por ciento de la población”.

Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma en proponer una ley sobre la muerte digna. Aquí, se aprobó por unanimidad, ya que el Partido Popular sólo se opuso a tres de los artículos de la normativa. A esta comunidad le seguirán los pasos Aragón y Navarra, antes de que se apruebe la Ley nacional en la primavera que viene.

Mientras Alfredo Pérez Rubalcaba dice que “no es una ley de eutanasia”, la portavoz de la Asociación Derecho a Vivir, Gádor Joya, dice que esta ley es innecesaria porque el personal sanitario cuida a sus pacientes debidamente, hasta que mueren y que con esta nueva ley intentan “colar la eutanasia por la puerta de atrás”. Por ello, esta asociación promoverá movilizaciones en contra de la ley que, según ellos, es “defensora de la muerte en lugar de la vida”.

Todas las formaciones políticas están de acuerdo en estudiar a fondo una regulación de la materia para llegar a un acuerdo que permita sacar adelante la ley. Aunque el diputado popular, José María Lassalle, ha afirmado que su partido está a la espera de ver el texto propuesto por el Gobierno antes de posicionarse al respecto.

Por último, el Presidente del Consejo General de Enfermería de España, Máximo González espera que la Ley salga adelante, para garantizar el acceso a la sanidad gratuita a toda la población, y que se regula con esta norma “la objeción de conciencia de los profesionales y se preserve, también como un derecho, el principio de libertad de conciencia”.

Esta ley abre también el debate al tema de la eutanasia, sobre todo teniendo en cuenta que el PSOE incluyó en su programa electoral de 2004 crear una comisión parlamentaria que tratara esta materia, que en España siempre ha tenido la oposición de los grupos ultracatólicos y el PP, a pesar de que en países como Holanda, Bélgica o Luxemburgo la eutanasia está despenalizada.

FUENTES: EUROPA PRESS, EFE, ABC, EL MUNDO, EL PAÍS, PÚBLICO

El Senado ha aprobado una moción propuesta por UPN que insta al Gobierno a rechazar cualquier tipo de acuerdo entre formaciones políticas legales y democráticas con organizaciones que estén vinculadas a la banda terrorista ETA.

Antes de proceder a las votaciones el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó la postura del ejecutivo ante la posibilidad de que Batasuna vuelva a la legalidad, resaltando que la única opción que tienen los de la formación abertzale para presentarse a las elecciones municipales y autonómicas de 2011 es romper cualquier relación con ETA o conseguir que éstos condenen la violencia y disuelvan la banda terrorista.

En los últimos días algunos grupos han acusado al Gobierno de negociar con la izquierda abertzale a raíz de unas declaraciones de Rodríguez Zapatero el día que anunció los cambios en el Gobierno: “no serán en balde los pasos de la izquierda abertzale”. La primera en pedir explicaciones sobre estas declaraciones fue la Senadora de UPN, María del Mar Caballero, que también exigió al Presidente que no abriera de nuevo un proceso de diálogo con ETA como estrategia para ganar votos de cara a las elecciones generales de 2012.

Ante esta afirmación el Presidente del Gobierno pidió que los demócratas estuvieran unidos y no dudaran unos de otros, para conseguir así debilitar aún más a la banda terrorista. Además, se reafirmó en su posición de cumplir exhaustivamente las exigencias respecto a la izquierda abertzale, que no podrá participar en las elecciones si no condena la violencia deliberadamente.

El Presidente del ejecutivo recordó también que la lucha contra ETA está siendo efectiva, refiriéndose a los logros policiales como la detención de 280 terroristas o los cinco golpes a la cúpula de la banda.

Como respuesta a las últimas acusaciones que había recibido se defendió diciendo que “el terrorismo es de todos y la victoria frente al terrorismo será de todos”, no sólo del gobierno actual, sino de todos los anteriores y, para lograr ese objetivo común que es acabar con el terrorismo, seguirá hablando de política antiterrorista con todas las fuerzas políticas democráticas.

En defensa de Rodríguez Zapatero también ha hablado el Ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que aseguró en una entrevista concedida a una cadena de televisión nacional que no hay ninguna pretensión partidista en la lucha contra ETA. Además, recalcó que para él las acciones de Batasuna no son suficientes como para que ésta pueda participar en las próximas elecciones municipales y foráneas, a menos que se cumplan todas las exigencias propias de un país democrático respecto a una formación política. En cualquier caso el alto al fuego no es suficiente para los miembros del Senado.

FUENTES: EL PAÍS, EL MUNDO, ABC, EFE