Entre 30.000 y 50.000 empleados públicos andaluces se manifestaron ayer en Sevilla, contra el polémico Decreto de reorganización del sector público. Cien autobuses de todos los puntos de la Comunidad Autónoma llegaron a Sevilla para secundar la protesta.
Es la primera manifestación masiva de los trabajadores de la Junta de Andalucía. Pero no es la primera medida que toman, a ésta le preceden informes sobre la denominada “estructura paralela” formada por 316 empresas, agencias y fundaciones y pitadas en actos públicos y en el interior de las consejerías, como la de Hacienda y Administración Pública, que sirvió como llamada de atención al Gobierno de José Antonio Griñán. Tampoco va a ser la última acción que emprendan, ya que pretenden organizar una cadena humana de espaldas al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz, en las próximas semanas.
La manifestación, convocada por los sindicatos CSIF y USTEA y grupo de asociaciones de funcionarios gestionadas por ellos mismos, partió de la Alameda de Hércules y concluyó en el Parlamento, donde cientos de empleados públicos depositaron enchufes en señal de protesta contra el “enchufismo” que promueve el decreto y leyeron un manifiesto consensuado por doce organizaciones.
Fue muy significativa la ausencia de siglas, insignias o banderas de organizaciones sindicales. Tan sólo pudieron verse pancartas reivindicativas contra la Junta de Andalucía, con eslóganes como: “yo entré en la Admón. Pública sin enchufe” o “Por una administración digna, independiente y despolitizada”.
Los empleados públicos defienden que el decretazo sólo servirá para que casi 20.000 trabajadores contratados “a dedo” pasen a convertirse en funcionarios, asegurándose su permanencia aunque el Partido Popular ganara las próximas elecciones. Según afirmaron CC.OO. y UGT en un comunicado, los contratados pasarían con este decreto a ser funcionarios en las misma condiciones laborales que los que han pasado un concurso - oposición, sin necesidad de participar en él.
También ven peligrar su futuro los funcionarios titulares que tengan que ser trasladados a alguna de las seis nuevas agencias públicas empresariales o las dos de régimen especial, ya que cambiarán de lugar de trabajo sin garantías ni de mantenimiento, ni de horarios, ni de tareas a realizar.
Las posturas
Los empleados públicos pretenden derogar definitivamente el Decreto Ley 5/2010 de reordenación del sector público, aprobado el 27 de julio, y acabar con los “abusos” de la Administración Pública. Uno de los portavoces de la manifestación, Pedro Ruiz Trillo, aseguró ayer que “sólo uno de cada tres trabajadores de la Junta de Andalucía y de su ingente administración paralela es funcionario”.
La postura de la Junta de Andalucía, ante estas movilizaciones es de silencio casi absoluto, no han facilitado datos sobre la manifestación de ayer y apenas han comentado la noticia en los medios autonómicos de titularidad pública.
Mientras los funcionarios defienden que el decretazo es una forma de que el PSOE se cubra las espaldas haciendo fijos a sus contratados, por si pierde las próximas elecciones, el portavoz socialista, Mariano Jiménez, se apoya en que UGT y CC.OO. secundaban a la Junta de Andalucía en “desplegar todos los efectos del decreto” para fortalecer el sector público y otorgar a sus trabajadores la condición que cada uno debe tener, ya sea como funcionario o como laboral.
Por otra parte, el PP y IU-CA ya han pedido que se derogue urgentemente el decreto y los últimos van a reunirse esta semana con los sindicatos para estudiar la posibilidad de modificar el decreto, o acudir a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos en caso de que la Junta no derogue el decreto.
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