Más de la mitad de los españoles consideran que pagan demasiados impuestos y que los beneficios que obtienen a cambio no están compensados. El 42,5% de ellos son partidarios de gastar más en prestaciones sociales aunque eso significara que aumentasen los impuestos, según se recoge en la encuesta anual, que elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sobre política fiscal.
Los españoles consideran que los ámbitos en los que hay que invertir más dinero público son la Seguridad Social y las pensiones (50,9%), la vivienda (44,8%), la justicia (39,5%), la sanidad (39,3%) y la enseñanza (38,6%).
La justicia y la enseñanza son los sectores peor valorados. Sólo un 46,8% de los encuestados consideran lo suficientemente buena la enseñanza y un escaso 18,6% lo hacen sobre la justicia.
La mayoría de los ciudadanos han definido los impuestos como algo “necesario para que el Estado pueda prestar servicios sociales” pero, a su vez, más de las tres cuartas partes de los encuestados, el 78,3%, cree que los impuestos no se cobran justamente, es decir, que no pagan más los que más tienen.
Según este estudio, más del 60% de los españoles cree que la Sanidad funciona bastante bien en el país. De ellos, un 50,2% cree que son justos los recursos que se destinan a la sanidad y un 39,3% los considera insuficientes.
El aumento eventual de los impuestos sentaría mal a más la mitad de los españoles, sobre todo si se volviera a incrementar el IVA (43,9%) o el IRPF (34,2%).
La mitad de los encuestados admiten ser muy responsables con sus obligaciones como contribuyente. El 67,8% afirmó haber hecho la declaración de la renta este año y un 23,6% reconoció que no la hizo porque sus escasos ingresos no le obligaban a realizar la declaración. De los ciudadanos que la hicieron un aplastante 32,4% dejó vacía la casilla de los fines sociales, mientras que un 21% marcó la de aportación a la Iglesia y un 29,8% si lo destinó a fines sociales.
La segunda parte del estudio, realizado en julio de este año, consistía en que los ciudadanos se catalogasen a sí mismos dentro de un grupo, dependiendo de su poder adquisitivo. Los encuestados se situaron en un escalafón del 1 al 10, según se considerasen más pobres o más ricos. Mientras un 49,7% se reconocían en el centro de la tabla, entre el quinto y el sexto puesto, sólo un 7,2% se situaba entre los puestos 1 y 2 y nadie declaraba ser tan rico como para situarse en los dos últimos puestos. Por debajo de la media, en tercer y cuarto lugar, se situaron un 43,6% de los encuestados y por encima de ella, en séptimo y octavo, un escaso 4,9%.
También se trató en el estudio el asunto del fraude fiscal, sobre el que un 84,8% de los españoles afirmaron que hay mucho fraude fiscal y el 56,4% que la administración hace muy pocos esfuerzos para combatirlo.
FUENTES: EFE, EUROPA PRESS, CIS, EL MUNDO, WWW.ELECONOMISTA.ES
Alfredo Pérez Rubalcaba, Vicepresidente Primero y Ministro del Interior, explicó este viernes, a la salida de una reunión del Consejo de Ministros, que no se trata de una ley de eutanasia y que “todo el mundo puede entender esta ley” pues “casi todo el mundo ha tenido alguna situación de la naturaleza que va a regular”.
La Ley tratará de regular que las personas puedan morir dignamente, es decir, sin sufrimiento ni dolor ni para ellos, ni para sus familiares. Además, el Gobierno pretende seguir el modelo francés que, según afirma el Vicepresidente Primero, está muy bien regulado.
Sobre esto ha hablado el Presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, César Caballero, que sostiene que el modelo francés está más atrasado que el español y que proponer esta ley es sólo una medida electoralista puesto que “no supone ningún avance para los ciudadanos españoles mientras no se despenalice, ya no la eutanasia, pero sí el suicidio asistido”. También ha asegurado que el primer Plan Nacional de Cuidados Paliativos en España ha sido un fracaso porque son “propuestas vacías”, mostrando como ejemplo a Andalucía donde “sólo conocía el proyecto de ciudadanos paliativos el diez por ciento de la población”.
Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma en proponer una ley sobre la muerte digna. Aquí, se aprobó por unanimidad, ya que el Partido Popular sólo se opuso a tres de los artículos de la normativa. A esta comunidad le seguirán los pasos Aragón y Navarra, antes de que se apruebe la Ley nacional en la primavera que viene.
Mientras Alfredo Pérez Rubalcaba dice que “no es una ley de eutanasia”, la portavoz de la Asociación Derecho a Vivir, Gádor Joya, dice que esta ley es innecesaria porque el personal sanitario cuida a sus pacientes debidamente, hasta que mueren y que con esta nueva ley intentan “colar la eutanasia por la puerta de atrás”. Por ello, esta asociación promoverá movilizaciones en contra de la ley que, según ellos, es “defensora de la muerte en lugar de la vida”.
Todas las formaciones políticas están de acuerdo en estudiar a fondo una regulación de la materia para llegar a un acuerdo que permita sacar adelante la ley. Aunque el diputado popular, José María Lassalle, ha afirmado que su partido está a la espera de ver el texto propuesto por el Gobierno antes de posicionarse al respecto.
Por último, el Presidente del Consejo General de Enfermería de España, Máximo González espera que la Ley salga adelante, para garantizar el acceso a la sanidad gratuita a toda la población, y que se regula con esta norma “la objeción de conciencia de los profesionales y se preserve, también como un derecho, el principio de libertad de conciencia”.
Esta ley abre también el debate al tema de la eutanasia, sobre todo teniendo en cuenta que el PSOE incluyó en su programa electoral de 2004 crear una comisión parlamentaria que tratara esta materia, que en España siempre ha tenido la oposición de los grupos ultracatólicos y el PP, a pesar de que en países como Holanda, Bélgica o Luxemburgo la eutanasia está despenalizada.
FUENTES: EUROPA PRESS, EFE, ABC, EL MUNDO, EL PAÍS, PÚBLICO
Entre 30.000 y 50.000 empleados públicos andaluces se manifestaron ayer en Sevilla, contra el polémico Decreto de reorganización del sector público. Cien autobuses de todos los puntos de la Comunidad Autónoma llegaron a Sevilla para secundar la protesta.
Es la primera manifestación masiva de los trabajadores de la Junta de Andalucía. Pero no es la primera medida que toman, a ésta le preceden informes sobre la denominada “estructura paralela” formada por 316 empresas, agencias y fundaciones y pitadas en actos públicos y en el interior de las consejerías, como la de Hacienda y Administración Pública, que sirvió como llamada de atención al Gobierno de José Antonio Griñán. Tampoco va a ser la última acción que emprendan, ya que pretenden organizar una cadena humana de espaldas al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz, en las próximas semanas.
La manifestación, convocada por los sindicatos CSIF y USTEA y grupo de asociaciones de funcionarios gestionadas por ellos mismos, partió de la Alameda de Hércules y concluyó en el Parlamento, donde cientos de empleados públicos depositaron enchufes en señal de protesta contra el “enchufismo” que promueve el decreto y leyeron un manifiesto consensuado por doce organizaciones.
Fue muy significativa la ausencia de siglas, insignias o banderas de organizaciones sindicales. Tan sólo pudieron verse pancartas reivindicativas contra la Junta de Andalucía, con eslóganes como: “yo entré en la Admón. Pública sin enchufe” o “Por una administración digna, independiente y despolitizada”.
Los empleados públicos defienden que el decretazo sólo servirá para que casi 20.000 trabajadores contratados “a dedo” pasen a convertirse en funcionarios, asegurándose su permanencia aunque el Partido Popular ganara las próximas elecciones. Según afirmaron CC.OO. y UGT en un comunicado, los contratados pasarían con este decreto a ser funcionarios en las misma condiciones laborales que los que han pasado un concurso - oposición, sin necesidad de participar en él.
También ven peligrar su futuro los funcionarios titulares que tengan que ser trasladados a alguna de las seis nuevas agencias públicas empresariales o las dos de régimen especial, ya que cambiarán de lugar de trabajo sin garantías ni de mantenimiento, ni de horarios, ni de tareas a realizar.
Las posturas
Los empleados públicos pretenden derogar definitivamente el DecretoLey5/2010dereordenacióndelsectorpúblico, aprobado el 27 de julio, y acabar con los “abusos” de la Administración Pública. Uno de los portavoces de la manifestación, Pedro Ruiz Trillo, aseguró ayer que “sólo uno de cada tres trabajadores de la Junta de Andalucía y de su ingente administración paralela es funcionario”.
La postura de la Junta de Andalucía, ante estas movilizaciones es de silencio casi absoluto, no han facilitado datos sobre la manifestación de ayer y apenas han comentado la noticia en los medios autonómicos de titularidad pública.
Mientras los funcionarios defienden que el decretazo es una forma de que el PSOE se cubra las espaldas haciendo fijos a sus contratados, por si pierde las próximas elecciones, el portavoz socialista, Mariano Jiménez, se apoya en que UGT y CC.OO. secundaban a la Junta de Andalucía en “desplegar todos los efectos del decreto” para fortalecer el sector público y otorgar a sus trabajadores la condición que cada uno debe tener, ya sea como funcionario o como laboral.
Por otra parte, el PP y IU-CA ya han pedido que se derogue urgentemente el decreto y los últimos van a reunirse esta semana con los sindicatos para estudiar la posibilidad de modificar el decreto, o acudir a la LeydeAcompañamientodelosPresupuestos en caso de que la Junta no derogue el decreto.
FUENTES: EL PAÍS, EL MUNDO, ABC, LA RAZÓN, DIARIO DE SEVILLA
El Pontífice ha visitado la sede de la Obra Social del Niño Dios y ha oficiado la misa que ha convertido la Iglesia de la Sagrada Familia en Basílica. En sus discursos ha defendido el valor de la vida y ha condenado duramente el aborto y la eutanasia.
Tras su llegada a Barcelona, un poco después de las cinco de la tarde, el Papa ha sido recibido por unas 4.000 personas, según el Ayuntamiento de Barcelona. Aunque su visita a la capital catalana fue con motivo de la consagración de la Sagrada Familia como basílica, primero visitó la sede de la Obra Social del Niño Dios, dirigida por las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones que, desde hace 120 años, atienden a niños y adultos con discapacidades.
Allí se mostró muy afectuoso con los presentes, que le dedicaron un una adaptación en catalán de un canto coral de origen alemán, llamado “La tierra, el Señor y yo”. Después dedicó unas palabras a los trabajadores, los usuarios del centro y sus familiares. De este discurso hay que destacar su defensa de que los avances en medicina no vayan contra “el respeto a la vida y la dignidad humana”.
También aprovechó la ocasión para rogar a las autoridades que en estos tiempos de crisis se centren en ayudar a los más desvalidos prestándoles servicios sociales y a los cristianos que multipliquen los actos de caridad.
Antes de marcharse, bendijo la primera piedra de una nueva residencia de la Obra Social del Niño Dios, que se construirá en la localidad barcelonesa de Tiana.
En la Sagrada Familia
Una vez dentro de la Sagrada Familia el Pontífice realizó la homilía, combinando castellano y catalán. En ella, resaltó el valor de la vida, condenado duramente el aborto y la eutanasia. Fue un discurso plagado de razonamientos contrarios a la política de Zapatero, que este mismo año ha impulsado una controvertida ley del aborto. Sobre este tema el Pontífice dijo: “que se defienda la vida de los hijos como sagrada e inviolable desde el momento de su concepción; para que la natalidad sea dignificada, valorada y apoyada jurídica, social y legislativamente”.
Por otra parte, hizo mención a la importancia de la institución familiar y de que el Estado apoye que el hombre y la mujer contraigan matrimonio y formen una familia, ofreciendo además más medidas de apoyo a la mujer para que pueda realizarse plenamente en el hogar y en el trabajo. Los mensajes políticos volvían a aparecer en esta parte del discurso,ya que hablaba de “familias naturales o heterosexuales” al solicitar las ayudas del Estado.
Pero gran parte de la homilía ha estado dedicada a Gaudí, el creador de la Sagrada Familia, una iglesia que lleva 128 años en construcción y, al parecer, estará terminada en 2026. El Papa le describió en su discurso como un “arquitecto genial y cristiano consecuente”.
Después el obispo auxiliar de la Sagrada Familia mostró al público el decreto papal que terminaba por consagrar la iglesia como basílica menor.
Una vez finalizada la misa Benedicto XVI, que ha sido la primera autoridad eclesial en acceder al templo por el Portal de la Gloria, abandonó el lugar por la puerta principal, recitando el Ángelus en castellano y catalán.
Las palabras del Papa han llegado a miles de personas que se encontraban en las afueras del templo, gracias a la colocación de treinta pantallas en los alrededores de la Sagrada Familia, para que los fieles que quedaran fuera de los muros pudieran seguir la liturgia. La participación de estos fieles ha sido mayor gracias a la colaboración de los 300 sacerdotes que han salido de la basílica para repartir las sagradas formas al público de extramuros. Se calcula que alrededor de 250.000 personas han estado presentes tanto en recorrido del Papa por las calles como en las cercanías de la Sagrada Familia mientras transcurría la liturgia.
La visita, que es la segunda que el Papa realiza a España, ha terminado sin ningún altercado. Aunque algunas organizaciones de homosexuales han iniciado una protesta con motivo de la visita del Pontífice, escenificando una besada masiva de gays y lesbianas.
El Senado ha aprobado una moción propuesta por UPN que insta al Gobierno a rechazar cualquier tipo de acuerdo entre formaciones políticas legales y democráticas con organizaciones que estén vinculadas a la banda terrorista ETA.
Antes de proceder a las votaciones el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó la postura del ejecutivo ante la posibilidad de que Batasuna vuelva a la legalidad, resaltando que la única opción que tienen los de la formación abertzale para presentarse a las elecciones municipales y autonómicas de 2011 es romper cualquier relación con ETA o conseguir que éstos condenen la violencia y disuelvan la banda terrorista.
En los últimos días algunos grupos han acusado al Gobierno de negociar con la izquierda abertzale a raíz de unas declaraciones de Rodríguez Zapatero el día que anunció los cambios en el Gobierno: “no serán en balde los pasos de la izquierda abertzale”. La primera en pedir explicaciones sobre estas declaraciones fue la Senadora de UPN, María del Mar Caballero, que también exigió al Presidente que no abriera de nuevo un proceso de diálogo con ETA como estrategia para ganar votos de cara a las elecciones generales de 2012.
Ante esta afirmación el Presidente del Gobierno pidió que los demócratas estuvieran unidos y no dudaran unos de otros, para conseguir así debilitar aún más a la banda terrorista. Además, se reafirmó en su posición de cumplir exhaustivamente las exigencias respecto a la izquierda abertzale, que no podrá participar en las elecciones si no condena la violencia deliberadamente.
El Presidente del ejecutivo recordó también que la lucha contra ETA está siendo efectiva, refiriéndose a los logros policiales como la detención de 280 terroristas o los cinco golpes a la cúpula de la banda.
Como respuesta a las últimas acusaciones que había recibido se defendió diciendo que “el terrorismo es de todos y la victoria frente al terrorismo será de todos”, no sólo del gobierno actual, sino de todos los anteriores y, para lograr ese objetivo común que es acabar con el terrorismo, seguirá hablando de política antiterrorista con todas las fuerzas políticas democráticas.
En defensa de Rodríguez Zapatero también ha hablado el Ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que aseguró en una entrevista concedida a una cadena de televisión nacional que no hay ninguna pretensión partidista en la lucha contra ETA. Además, recalcó que para él las acciones de Batasuna no son suficientes como para que ésta pueda participar en las próximas elecciones municipales y foráneas, a menos que se cumplan todas las exigencias propias de un país democrático respecto a una formación política. En cualquier caso el alto al fuego no es suficiente para los miembros del Senado.
