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El Gobierno aprobará en marzo una Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, siguiendo el modelo francés

En marzo de 2011 el Gobierno va a aprobar una Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, que garantice los derechos de los pacientes en situación terminal.

Alfredo Pérez Rubalcaba, Vicepresidente Primero y Ministro del Interior, explicó este viernes, a la salida de una reunión del Consejo de Ministros, que no se trata de una ley de eutanasia y que “todo el mundo puede entender esta ley” pues “casi todo el mundo ha tenido alguna situación de la naturaleza que va a regular”.




La Ley tratará de regular que las personas puedan morir dignamente, es decir, sin sufrimiento ni dolor ni para ellos, ni para sus familiares. Además, el Gobierno pretende seguir el modelo francés que, según afirma el Vicepresidente Primero, está muy bien regulado.

Sobre esto ha hablado el Presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, César Caballero, que sostiene que el modelo francés está más atrasado que el español y que proponer esta ley es sólo una medida electoralista puesto que “no supone ningún avance para los ciudadanos españoles mientras no se despenalice, ya no la eutanasia, pero sí el suicidio asistido”. También ha asegurado que el primer Plan Nacional de Cuidados Paliativos en España ha sido un fracaso porque son “propuestas vacías”, mostrando como ejemplo a Andalucía donde “sólo conocía el proyecto de ciudadanos paliativos el diez por ciento de la población”.

Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma en proponer una ley sobre la muerte digna. Aquí, se aprobó por unanimidad, ya que el Partido Popular sólo se opuso a tres de los artículos de la normativa. A esta comunidad le seguirán los pasos Aragón y Navarra, antes de que se apruebe la Ley nacional en la primavera que viene.

Mientras Alfredo Pérez Rubalcaba dice que “no es una ley de eutanasia”, la portavoz de la Asociación Derecho a Vivir, Gádor Joya, dice que esta ley es innecesaria porque el personal sanitario cuida a sus pacientes debidamente, hasta que mueren y que con esta nueva ley intentan “colar la eutanasia por la puerta de atrás”. Por ello, esta asociación promoverá movilizaciones en contra de la ley que, según ellos, es “defensora de la muerte en lugar de la vida”.

Todas las formaciones políticas están de acuerdo en estudiar a fondo una regulación de la materia para llegar a un acuerdo que permita sacar adelante la ley. Aunque el diputado popular, José María Lassalle, ha afirmado que su partido está a la espera de ver el texto propuesto por el Gobierno antes de posicionarse al respecto.

Por último, el Presidente del Consejo General de Enfermería de España, Máximo González espera que la Ley salga adelante, para garantizar el acceso a la sanidad gratuita a toda la población, y que se regula con esta norma “la objeción de conciencia de los profesionales y se preserve, también como un derecho, el principio de libertad de conciencia”.

Esta ley abre también el debate al tema de la eutanasia, sobre todo teniendo en cuenta que el PSOE incluyó en su programa electoral de 2004 crear una comisión parlamentaria que tratara esta materia, que en España siempre ha tenido la oposición de los grupos ultracatólicos y el PP, a pesar de que en países como Holanda, Bélgica o Luxemburgo la eutanasia está despenalizada.

FUENTES: EUROPA PRESS, EFE, ABC, EL MUNDO, EL PAÍS, PÚBLICO

Más de 30.000 empleados públicos se han manifestado en contra del “decretazo” propuesto por la Junta de Andalucía.


Entre 30.000 y 50.000 empleados públicos andaluces se manifestaron ayer en Sevilla, contra el polémico Decreto de reorganización del sector público. Cien autobuses de todos los puntos de la Comunidad Autónoma llegaron a Sevilla para secundar la protesta.

Es la primera manifestación masiva de los trabajadores de la Junta de Andalucía. Pero no es la primera medida que toman, a ésta le preceden informes sobre la denominada “estructura paralela” formada por 316 empresas, agencias y fundaciones y pitadas en actos públicos y en el interior de las consejerías, como la de Hacienda y Administración Pública, que sirvió como llamada de atención al Gobierno de José Antonio Griñán. Tampoco va a ser la última acción que emprendan, ya que pretenden organizar una cadena humana de espaldas al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz, en las próximas semanas.

La manifestación, convocada por los sindicatos CSIF y USTEA y grupo de asociaciones de funcionarios gestionadas por ellos mismos, partió de la Alameda de Hércules y concluyó en el Parlamento, donde cientos de empleados públicos depositaron enchufes en señal de protesta contra el “enchufismo” que promueve el decreto y leyeron un manifiesto consensuado por doce organizaciones.

Fue muy significativa la ausencia de siglas, insignias o banderas de organizaciones sindicales. Tan sólo pudieron verse pancartas reivindicativas contra la Junta de Andalucía, con eslóganes como: “yo entré en la Admón. Pública sin enchufe” o “Por una administración digna, independiente y despolitizada”.

Los empleados públicos defienden que el decretazo sólo servirá para que casi 20.000 trabajadores contratados “a dedo” pasen a convertirse en funcionarios, asegurándose su permanencia aunque el Partido Popular ganara las próximas elecciones. Según afirmaron CC.OO. y UGT en un comunicado, los contratados pasarían con este decreto a ser funcionarios en las misma condiciones laborales que los que han pasado un concurso - oposición, sin necesidad de participar en él.

También ven peligrar su futuro los funcionarios titulares que tengan que ser trasladados a alguna de las seis nuevas agencias públicas empresariales o las dos de régimen especial, ya que cambiarán de lugar de trabajo sin garantías ni de mantenimiento, ni de horarios, ni de tareas a realizar.

Las posturas

Los empleados públicos pretenden derogar definitivamente el Decreto Ley 5/2010 de reordenación del sector público, aprobado el 27 de julio, y acabar con los “abusos” de la Administración Pública. Uno de los portavoces de la manifestación, Pedro Ruiz Trillo, aseguró ayer que “sólo uno de cada tres trabajadores de la Junta de Andalucía y de su ingente administración paralela es funcionario”.

La postura de la Junta de Andalucía, ante estas movilizaciones es de silencio casi absoluto, no han facilitado datos sobre la manifestación de ayer y apenas han comentado la noticia en los medios autonómicos de titularidad pública.

Mientras los funcionarios defienden que el decretazo es una forma de que el PSOE se cubra las espaldas haciendo fijos a sus contratados, por si pierde las próximas elecciones, el portavoz socialista, Mariano Jiménez, se apoya en que UGT y CC.OO. secundaban a la Junta de Andalucía en “desplegar todos los efectos del decreto” para fortalecer el sector público y otorgar a sus trabajadores la condición que cada uno debe tener, ya sea como funcionario o como laboral.

Por otra parte, el PP y IU-CA ya han pedido que se derogue urgentemente el decreto y los últimos van a reunirse esta semana con los sindicatos para estudiar la posibilidad de modificar el decreto, o acudir a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos en caso de que la Junta no derogue el decreto.

FUENTES: EL PAÍS, EL MUNDO, ABC, LA RAZÓN, DIARIO DE SEVILLA